Y son estúpidos porque en su búsqueda de esos reconocimientos cometen actos que a más de crueles e inhumanos solo logran mayor rechazo y repudio, lo que indudablemente las aísla más de sus objetivos. A no ser que ese objetivo este, como piensan muchos analistas, en mantener indefinidamente en el tiempo la prolongación del conflicto como distractor para mantenerse en su actividad puramente narcotraficante y así mantener su enorme capacidad económica pretextando la búsqueda de recursos económicos para la guerra cuando en realidad se trata de un simple cartel que utiliza la guerra y el terrorismo como camuflaje del narcotráfico.

También son cínicos porque ante cada acto criminal, actúan inicialmente con indiferencia y hasta con negativas explicitas hasta que la fuerza de los propios hechos las obliga a reconocerlo, algo que hacen intentando justificarse echando las culpas y responsabilizando a otros, especialmente al Estado y a las mismas victimas. Y eso es algo a lo que han apostado desde sus inicios hace cerca de 50 años, y lo hacen porque muchas veces tienen quien caiga en esos engaños; se sirven de la ingenuidad nacional e internacional, de la buena fe y de los anhelos de paz general.

Pasó con la masacre de los 11 diputados del valle, la cual negaron  insistentemente, inclusive acusando de ello al Estado colombiano y solo hasta que no pudieron ocultarlo más decidieron reconocerlo pero buscando pretextos y excusas para de todas formas evadir su total responsabilidad. Pasó con el secuestro y posterior masacre de tres indigenistas  norteamericanos en la comunidad indígena panameña de Pucuró, el 31 de enero de 1994; pasó con  los indigenistas estadounidenses, Terence Freitas, Ingrid Washinawatok y Laheenae Gay; en caserío El Chuscal, en jurisdicción de Cubará, departamento de Boyacá, límites con Arauca en 1.999, hasta que un video presentado por los medios de comunicación descubrió al “mono jojoy” fraguando la excusa mediante un “juicio ficticio” pero reconociendo que los habían “matado” por “enemigos de la revolución”; igual con 12 religiosos gnósticos que masacraron en mayo de 1999 en el municipio de Puerto Rico, departamento del Caquetá; etc., y con los profesores indígenas Arselio Peñas Guatico y John Jairo Osorio Pisario, pertenecientes a la reserva de Unión Waunana, situada entre Istmina y el Bajo Baudó, Chocó, a quienes secuestraron y posteriormente masacraron en abril de 2006, o la muerte de los indígeas Awá Juan Dionicio Ortiz, Ademelio Pai, Arcenio Canticús y los dos hijos menores de éste último, Germán y Andrés Canticús, el 15 de julio del 2007, en un campo sembrado de minas antipersonas, en la zona rural de Ricaurte, Nariño.

Ahora repiten con la feroz matanza de indígenas Awá en el departamento de Nariño, donde primero secuestraron, luego torturaron y finalmente masacraron a cuchillo al menos a 27 indígenas (según la propia versión awá), cosa que negaron hasta que la fuerza de los acontecimientos las obligó a reconocerlo (ocho según versión Farc), pero desde luego trasladando la responsabilidad no solo hacia el Estado colombiano sino a las propias victimas porque según los criminales eran colaboradores del Ejército Nacional.

Desconociendo en su ceguera cínica que por las condiciones geográficas y topográficas el acceso y la presencia de Tropas estatales se hacía supremamente difícil, a tal punto que para el arribo al sitio de los hechos fueron necesarios cerca de ocho días; además por los extensos campos sembrados de minas antipersonas que instalaron los guerrilleros en los alrededores de los cuerpos sin vida de los indígenas masacrados. Acto cínico reforzado con el eco que hacen algunas organizaciones no gubernamentales que secundan la versión guerrillera responsabilizando de los hechos al gobierno nacional, o en el mejor de los casos haciendo tímidos señalamientos contra el grupo armado. En total, según algunos estudios independientes, son cerca de 200 indígenas Awá asesinados en 4 masacres y 50 las victimas de las minas antipersonas, sin mencionar los casos de desplazamiento forzado, el confinamiento y otras agresiones y violaciones de las que son victimas esas comunidades por parte de las Farc y otros grupos armados.

“Estos crueles asesinatos violan los principios más básicos de la integridad y dignidad humana”. José Miguel Vivanco, Human Rights Watch.