El principio universal de igualdad ante la ley, se viola de manera tan descarada hoy en Colombia, que los criminales se vuelven acusadores creíbles de quienes los persiguieron y derrotaron, hasta el punto de que éstos hoy son reos de la justicia mientras los primeros se convierten en jueces sin haber alcanzado jamás el poder que por la vía terrorista pretendieron alcanzar.

Los derechos humanos se violan no solo por acción si no por omisión. De tal manera que el gobierno colombiano viola los derechos humanos de las víctimas de la guerrilla, al aceptar y reconocer existencia jurídica y política a los grupos terroristas de la subversión, al perdonar sus crímenes de lesa humanidad, denegando justicia y también al mantener en situación de abandono a esa gran masa de ciudadanos marginados y discriminados, que han sido víctimas directas del accionar asesino de los grupos mal llamados insurgentes, quebrantando así el art 13 de la constitución nacional y violando los derechos humanos [1].

En Colombia, pareciere que las únicas víctimas que pueden visibilizarse son las que correspondan a los parámetros de víctimas del Estado, que corresponden a las causadas en la guerra antisubversiva por las Fuerzas Militares o por las ilegales autodefensas, las numerosas víctimas de las Farc, Eln y las organizaciones terroristas amnistiadas son silenciadas o ignoradas.

Los deudos de Bojayá, Machuca, Tacueyó y otros miles son olvidados, no importan para las ONG y otros defensores de derechos humanos, más interesados en los procesos judiciales internacionales que en la real defensa del D.I.H. y los DD.HH., las que puedan atribuir al Estado, y dado el caso convertir a las víctimas de las guerrillas en víctimas del Estado acudiendo a la figura de la omisión, fundamentándose incluso en la voluntad de los gobiernos por alcanzar un nivel de negociaciones con las organizaciones criminales, como ha sucedido en los gobiernos de López Michelsen, Betancur Cuartas, Samper Pizano y Pastrana Arango. Declaraciones infortunadas de estos mandatarios sobre la responsabilidad del Estado en la crisis de violencia, han sido utilizadas por los terroristas para fundamentar sus alegatos jurídicos en los tribunales nacionales e internacionales.

Lo que es más aberrante, la justicia colombiana llama a juicio a los militares que recuperaron el Palacio de Justicia (noviembre de 1985), luego de la toma criminal que hiciera la organización narcoterrorista M-19 [2], mientras sostiene que los determinadores de los hechos siguen cobijados por la amnistía e indulto otorgados por el gobierno de turno.

Los dirigentes y militantes del M-19, ahora parte del poder público, cínicamente sostienen que los militares que intervinieron entonces en los hechos del Palacio de Justicia, son responsables por haber sido parte de un golpe de Estado contra el Presidente de la República que impidió cualquier diálogo con los criminales que mediante las armas sometieron a Magistrados, empleados y visitantes del Palacio de Justicia aquellos aciagos días, versión desmentida por el mismo Presidente y sus Ministros, con excepción de Parejo González que utilizó el tema para su campaña política años después.

Sobre la realidad de lo sucedido en esos días, vale la pena leer la obra de Jaime Castro que entonces desempeñaba el cargo de Ministro de Gobierno; hoy, como parte de uno de los partidos de oposición al gobierno, cobra invaluable relevancia frente a la pluralidad de textos que desde la especulación pretenden mostrar lo que sucedió, verdad tan relumbrante que hasta los mismos directivos del M-19, hoy parte del Polo Democrático Alternativo, deben recurrir a testimonios de personas con problemas mentales, como el del suboficial retirado Edgar Paz, para señalarlo como el hombre de inteligencia militar que estuvo a cargo de las acciones contra ellos, así lo señala Antonio Navarro Wolf, cabecilla del M-19, para dolerse del atentado de que fue objeto.

Los miembros del M-19 se lamentan de la muerte de sus cabecillas en el transcurso de una guerra que ellos mismos habían declarado y recurriendo al expediente de perdonar a sus agresores tienden una cortina de humo para eludir la responsabilidad penal frente a delitos de lesa humanidad que cometieron, mientras predican la imprescriptibilidad de los hechos que de sus acciones de derivaron cuando se refieren a las conductas de los militares que los combatieron.

El M-19 no ha respondido judicialmente por sus acciones: Asesinato del líder sindical JOSE RAQUEL MERCADO, con el que se dio a conocer como movimiento criminal, ni de las masacres cometidas contra la población civil, Tacueyó, por su paranoia de infiltración, mucho menos por la criminal toma del Palacio de Justicia cuando el gobierno creía realmente que se aproximaba un acuerdo de paz. Eso es lo que el vocero de esta agrupación, Gustavo Petro, niega públicamente al decir que estaba muy chiquito y no se acuerda porque él nunca había empuñado un fusil.

No se trata de justificar que el odio nos persiga por hechos perdonados, se trata de establecer la verdad de las cosas que justifiquen la espiral de violencia que hemos vivido desde 1964, cuando las Farc le declararon la guerra al país.  Que de una vez por todos los reconocimientos de responsabilidad que corresponden a quienes han sido parte armada de la agresión contra la población civil y de sus pretensiones frustradas, por rechazo de la misma población, de llegar al poder por las armas.

Que las organizaciones narcoterroristas, como el M-19, no sólo digan la verdad sino que se sometan a las consecuencias judiciales de sus responsabilidades mientras delinquieron, y es un hecho fácil, renuncien a las prerrogativas que les concedieron ligeramente para amnistiar e indultar sus delitos, en una muestra real de su voluntad de paz y reconciliación.

1.       LA AVANTI RAGAZZI. M-19, criminales de guerra. Miércoles, 13 de mayo de 2009. Disponible en: http://avanti-ragazzi-tf.blogspot.com/2009/05/m-19-criminales-de-guerra.html

2.       No debe olvidarse que la acción criminal fue financiada por Pablo Escobar con el propósito de destruir los archivos judiciales de los extraditables. Que la alianza criminal tuvo como elemento el secuestro de Nieves Ochoa por parte del M-19, que dio origen a movimientos de las mafias como el llamado MAS (Muerte A Secuestradores), para combatirlas. Ese fue el inicio de la combinación mafiosa de autodefensas y organizaciones narcotraficantes.

3.       LA AVANTI RAGAZZI. Ob.cit.